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Instan las FARC-EP al gobierno colombiano a redefinir políticas de seguridad

La Habana, 27 nov (RHC) Las insurgentes FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, instaron al gobierno colombiano a una redefinición de su política de seguridad, que incluya el cuidado humano de manera integral y el desmontaje de las estructuras del paramilitarismo.

En el contexto de los diálogos de paz en La Habana, leyó Pablo Catatumbo, portavoz de la delegación de la guerrilla, un comunicado en el cual se aboga por una estrategia gubernamental para la no repetición de la guerra, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera.

El texto también precisa que la normalización de la vida nacional y la transformación de las FARC-EP en un ente legal tendrá como requisito la redefinición concertada de la política de seguridad del Estado, con el fin de que el Ejecutivo ofrezca protección y garantías al pueblos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como en el reconocimiento y materialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Asimismo, demanda el grupo rebelde el reconocimiento por parte del Estado colombiano de la existencia de estructuras criminales de contrainsurgencia, como paramilitares, narcotraficantes y mafiosos, ante lo cual exigieron medidas excepcionales y extraordinarias para prescindir de ellas.

Los prisioneros políticos de Colombia decidieron finalizar la jornada de protesta y huelga de hambre realizadas en cerca de 20 cárceles del país tras la decisión gubernamental de indultar a 30 reclusos pertenecientes a las insurgentes FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

A través de un comunicado precisa la Corporación Solidaridad Jurídica que la medida se corresponde con los recientes gestos por parte del gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, para restaurar la confianza entre las partes beligerantes y avanzar hacia un acuerdo pacifista.

También informa esa organización que el Ejecutivo colombiano adoptó iniciativas para garantizar la valoración del estado de salud de los restantes miembros de las FARC-EP privados de libertad y el acondicionamiento de patios especiales para concentrar a los integrantes de ese movimiento detenidos o condenados.

En el texto aboga también la Corporación Solidaridad Jurídica por un pacto entre el Ejecutivo y la guerrilla sobre el cese el fuego bilateral, para facilitar la paz definitiva en Colombia.

 

Editado por Nuria Barbosa León
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