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Unidad sindical insólita en Paraguay

por Roberto Morejón
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La peor noticia que podrían darle al empresariado conservador y a los poderosos partidos de derecha de Paraguay era la de que los sindicatos dejaron su tradicional atomización para, con una sola voz, demandar el cese de lo que consideran una ofensiva privatizadora.

El proceso unitario, al menos provisional, es la principal lección del reciente paro general, el primero en dos décadas, un hecho histórico dados los antecedentes de ese país empobrecido, regido durante décadas por la dictadura de Alfredo Stroessner.

Después de la caída del tirano, Paraguay sólo tuvo una etapa esperanzadora sobre posibles cambios sociales durante el efímero gobierno de Fernando Lugo, desbancado alevosamente por las fuerzas políticas más conservadoras y parte del empresariado.

En un país donde también tienen influencias las cúpulas que dominan el modelo agroexportador representado por los grandes latifundios de la soya, queda poco margen para una pujante actividad sindical.

Sin embargo, el heterogéneo abanico de gremios logró engavetar sus diferencias por el momento y llevó a Paraguay a una huelga nacional ampliamente acatada, para plantear un rosario de demandas difícilmente atendibles por el gobierno, encabezado por el presidente Horacio Cartes.

El Primer Mandatario y el Partido Colorado que lo respalda con su maquinaria financiera y red de influencias tendrán que vérselas con un movimiento sindical y campesino que ha probado fuerzas y coronó con el éxito su llamado al paro.

Con esa ventaja irían los dirigentes obreros y campesinos a un eventual diálogo al que dice el gobierno estar dispuesto después de manejar con astucia la ejecución del cese total de la actividad laboral en el país.

El hecho de que las autoridades enfrentaran de plano la demostración popular y el propio Cartes calificara de legítimas algunas de las demandas de los huelguistas, subraya la intención de evitar una mayor crispación social.

Por supuesto, el gobierno no parece estar dispuesto a dar marcha atrás a la ya aprobada Ley de Alianza Público-Privada, convertida en el caballo de batalla de Cartes, un acaudalado hombre de negocios incorporado a la política.

La iniciativa estaría encaminada a captar inversiones, pero amplios sectores populares la califican de una gigantesca ofensiva privatizadora que entregaría aún más los recursos nacionales a las compañías extranjeras.

Quienes así piensan exigen que los extranjeros no se lleven las riquezas  porque Paraguay debe atender las profundas desigualdades sociales, aun cuando los índices macroeconómicos hablen de un país en crecimiento.

La nación guaraní presenta un sistema impositivo que grava más a los que menos tienen, la pobreza sobrepasa el 40%, en el campo se observan condiciones de vida infrahumanas y en las ciudades prolifera el trabajo infantil.

Con razón los huelguistas demandaron reajuste del salario mínimo de 25%, detener el alza de tarifas de transporte público, financiar servicios de salud y educación gratuitos y derogar la ley de Alianza Público-Privada.

Está por ver si la aparente flexibilización expresada por el gobierno ante algunos de los reclamos populares es un ardid publicitario para no caldear los ánimos o si se desea realmente escuchar a obreros y campesinos.
Editado por Maria Calvo
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