La crisis europea. El caso de Grecia

Dra Hilda Puerta
Universidad de La Habana

La crisis inmobiliaria norteamericana iniciada desde mediados del año 2007, fue de tal envergadura que se propagó rápidamente a todos los sectores, la economía y al mundo en su conjunto, afectando de manera particular a Europa, especialmente a los dieciséis países integrantes de la Eurozona, con lo que se han puesto claramente de manifiesto tanto las debilidades de muchos de los mecanismos integracionistas instrumentados, como la peligrosidad de los problemas estructurales que han estado presentes en los últimos años, principalmente el elevado desempleo y el lento crecimiento que los ha caracterizado.

Entre los principales problemas se destaca el enorme riesgo que ha enfrentado uno de los logros más connotados de la Unión Europea (UE), esto es, la Unión Económica y Monetaria (UEM) y en especial, el euro, que en tan corto tiempo ha devenido la segunda divisa de importancia mundial.

En este contexto, el caso más peligroso –a pesar de que otros países como Irlanda, España y Portugal confrontan también serias dificultades- ha sido, sin dudas, el de Grecia, cuyo voluminoso déficit, las enormes deudas y el inminente vencimiento de una importante suma de obligaciones , ha provocado la desconfianza creciente de los mercados, poniendo en tela de juicio no sólo la confiabilidad de la moneda europea, sino la credibilidad de la UEM y del propio proceso integracionista europeo. La situación ha llegado hasta tal punto, que llegó a mencionarse la posibilidad de la salida del país helénico de la unión monetaria, lo que hubiera provocado de hecho el derrumbe de un mecanismo que hasta el momento había resultado universalmente aceptado, favoreciendo incluso la pérdida de hegemonía del dólar estadounidense dentro del Sistema Monetario Internacional.

¿Qué ha ocurrido en Grecia, cuya situación ha llegado a estas circunstancias extremas?

Para comprender mejor la realidad actual es necesario hacer referencia a las condiciones establecidas por la UE como requisito para ingresar en la UEM, conocidas como “Criterios de Convergencia” que consideran niveles de inflación y de tasas de interés cercanos a la media comunitaria, un déficit fiscal no mayor del 3% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), una deuda pública que no supere el 60% del PIB, junto con el mantenimiento de tasas de cambio estables.

Como quiera que la incorporación en la Eurozona implicaba la instrumentación de una Política Monetaria Común y la circulación de una divisa única, ello significaba además de una cesión importante de soberanía en materia de política económica, la necesidad de mantener bajo jurisdicción nacional algunos instrumentos que permitieran actuar individualmente en caso de necesidad, papel que se le asignó a la política fiscal.

De esta forma, quedaban bajo estricto control del Banco Central Europeo (BCE) las variables monetarias como la inflación, los niveles de tasas de interés, al tiempo que desaparecían las monedas nacionales, pero no era posible garantizar el estricto cumplimiento de los parámetros fiscales, lo que explica la instrumentación del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico”, que entre otras funciones comprometía a los participantes a mantener el déficit fiscal y la deuda pública dentro de las normas establecidas.

Sin embargo, Grecia que se incorporó tardíamente a la UEM, en el año 2001, ha trascendido con creces estos límites, iniciando el actual año 2010 con un déficit fiscal cercano al 14% de su PIB y una deuda pública del orden del 124% respecto al PIB, lo que junto con otros resultados desfavorables -que se manifiestan también en mayor o menor medida en los restantes miembros de la Eurozona como resultado, entre otros factores, de los efectos de la crisis- han provocado una reacción adversa de los agentes económicos y un incremento ilimitado de la especulación, favoreciendo así la pérdida de confianza respecto al euro, que ha tendido a depreciarse de manera sostenida en los últimos cinco meses, después de un tiempo prolongado de apreciación.

Obviamente, este escenario se ha estado gestando desde hace tiempo, provocando un fuerte cuestionamiento acerca de los mecanismos europeos de supervisión y control y también respecto al adecuado funcionamiento del Pacto de Estabilidad, pues no ha sido hasta abril del pasado año 2009 cuando el Consejo Europeo decretó la situación de “déficit excesivo”, aplicando el procedimiento correspondiente.

Esta situación de alto riesgo y vulnerabilidad ha cerrado prácticamente el acceso del país a los mercados privados de capital como vía para obtener los préstamos necesarios que permitieran enfrentar sus obligaciones más inmediatas, de modo que a pesar de que inicialmente se trató de no acudir a las fuentes europeas o internacionales de financiamiento, para preservar lo más posible “la imagen externa” del país, las circunstancias obligaron a ello.

Es así que después de muchas dilaciones y el rechazo de algunos miembros –básicamente Francia y Alemania- finalmente se aprobó a inicios del presente mes de mayo un importante programa de rescate para tres años, que implica el otorgamiento de préstamos bilaterales por parte de los restantes participantes en la Eurozona, ascendentes a 80 mil millones de euros, lo que se complementa con los recursos prometidos por el Fondo Monetario Internacional por valor de 30 mil millones de €, es decir, un préstamo total de 110 mil millones €.

Tal decisión se explica por el especial interés de rescatar la moneda común, no sólo para evitar una mayor caída, sino sobre todo para garantizar su credibilidad, tratando de lanzar señales alentadoras a los mercados acerca de una mejor salud de la Zona, que estimulen a los inversionistas y a la actividad económica, apuntalando además la posición europea en el mundo y en la lucha por la hegemonía.

Sin embargo, las condiciones están claras, el país deficitario y deudor, está obligado a “ajustar” su economía y la “receta” reproduce las condiciones fondo monetaristas, de recortes en los gastos, lo que ha implicado el compromiso del gobierno griego de reducir los salarios públicos, las pensiones y los gastos sociales en general, lo que se acompaña por el incremento sustancial de los impuestos, con el objetivo de que se logre reducir el déficit fiscal al 3% del PIB para el año 2014. Todo ello explica las razones de las crecientes protestas populares, en tanto resulta obvio el altísimo precio que se paga por el obligado equilibrio macroeconómico, puesto de manifiesto sobre todo en la reducción de los ventajas de los últimos reductos del “estado bienestar” y la instrumentación de acciones claramente neoliberales, acompañadas por un incremento de la supranacionalidad y la cesión de soberanía nacional.

Es precisamente en esta misma línea de conducta que se dirigen las actuaciones de las autoridades europeas con vistas al futuro y a evitar un “efecto dominó” protagonizado por los restantes países con problemas. Este es el gran peligro de la experiencia que se ha sacado del caso griego, sin que el objetivo sea dar respuesta adecuada a las causas esenciales de los problemas existentes.