Juan Gelman

Los 75.000 documentos clasificados sobre la guerra en Afganistán que dio a conocer el sitio Wikileaks (file://wikileaks.org) provocaron la airada reacción de la Casa Blanca, del Pentágono y de los neoconservadores de todo pelaje que pululan en Washington. No es para menos: se trata de informes internos de las fuerzas armadas de EE.UU. y la OTAN que combaten en territorio afgano y dan cuenta de hechos ominosos que no se declaran oficialmente y aun se niegan. El fundador y alimentador del sitio, Julian Assangem, les dio amplia difusión enviándolos a The New York Times, Der Spiegel y The Guardian y anunció que está analizando con su equipo otros 17.000 documentos que pronto dará a conocer. El gobierno de Obama condenó en duros términos semejante filtración, histórica por el volumen de registros secretos develados (ver Página/12, 27-7-10).

El vocero del Departamento de Defensa, Geoff Morrell, anunció que se ha lanzado una caza del hombre para encontrar al responsable de un acto que revela, por un lado, el poder de la informática y, por el otro, las fragilidades del Pentágono. La documentación cubre el período junio 2004-diciembre 2009 de la guerra y va de lo torvo, como el ocultamiento estadounidense de la muerte de civiles, a lo francamente ridículo, como el informe sobre un presunto complot del servicio de inteligencia de Pakistán (ISI, por sus siglas en inglés) para asesinar al presidente afgano Hamid Karzai envenenando su cerveza.

Esta hemorragia informativa pinta el verdadero rostro de la guerra en Afganistán, los llamados “daños colaterales” –el eufemismo inventado en la guerra de Vietnam para disimular el asesinato de civiles– que los mandos invasores encubren, las matanzas indiscriminadas en las aldeas, el accionar de escuadrones de la muerte, los bombardeos de aviones sin tripulación manejados por control remoto desde una base estadounidense, la complicidad del ISI con los talibanes, los estragos que el “fuego amigo” provoca en la policía y el ejército afganos y otros detallitos que los Pactos de Ginebra califican de crímenes de guerra. Pero quién se acuerda de eso en Afganistán.

Asciende a 144 el número de incidentes que segaron la vida de simples ciudadanos en el período de referencia. Un par de días antes de la difusión de los documentos, un misil impactó en un caserío de la provincia de Helmand causando la muerte de 52 civiles (www.latimes.com, 26-7-2010). El servicio de inteligencia del ejército estadounidense registró “seis insurgentes muertos, incluido un comandante talibán”, pero el aldeano Abdul Ghaffar manifestó a la AP que había llevado siete niños heridos a un hospital de Kandahar. Marjan Agha, otro vecino, dijo que un grupo de pobladores fue al encuentro de las tropas alzando una bandera blanca y fueron recibidos a balazos con un saldo de dos víctimas.

Uno de estos “errores”: 300 campesinos afganos pasaron a mejor vida en el valle de Baghni por un ataque aéreo que, según un comunicado de la base de Bagram, se produjo “después de tener por seguro que no había afganos inocentes en los alrededores”. A Seguro se lo llevaron preso, recuerda el dicho popular. Las Naciones Unidas asentaron la muerte de 2.412 civiles en 2009, un aumento del 14 por ciento con respecto al año anterior. Esa clase de contabilidad suele minimizar los guarismos por un lógico prurito de considerar solamente lo probado.

Otro capítulo sombrío es el de las ejecuciones sin proceso que lleva a cabo el Grupo de Tareas 373 del ejército de EE.UU., la “unidad negra” de las fuerzas especiales. Sus efectivos se ocupan de capturar y sobre todo asesinar a dirigentes y activistas talibanes considerados importantes, aunque hay en su haber más víctimas civiles, incluidos niños y mujeres –y hasta policías afganos– que insurgentes. Un ejemplo es el ataque que el 373 lanzó el 17 de junio de 2007 para liquidar al combatiente libio Abu Laith al Libi quien, según los datos de inteligencia, se escondía en Nangar Khel, poblado de la provincia de Patitka.

Los del GT 373 utilizaron un arma nueva cargada con seis misiles y transportable en la parte trasera de una camioneta. No encontraron a Libi, pero al acercarse a la aldea, cumplido el ataque, encontraron en la madrasa o escuela religiosa del lugar a seis niños muertos y uno herido que falleció 20 minutos después. Un comunicado de prensa del comando ocupante alegó que las tropas “habían vigilado el sitio todo el día y no hallaron indicación alguna de que hubiera niños en el edificio”. Pero había.

Preguntado si estimaba que el secreto de Estado es legítimo, Julian Assangem declaró a Der Spiegel que lo era tanto como el derecho a la apertura. “Desgraciadamente –aclaró–, los que cometen desmanes contra la humanidad o contra la ley abusan de la legitimidad del secreto para taparlos” (www.spiegel.com, 26-7-10). El inconveniente es que tres personas pueden guardar un secreto si dos de ellas están muertas, anotó Benjamin Franklin.